Cromwell Castillo: “El delito se sigue cometiendo porque Ernesto sigue desaparecido”

Ernesto Castillo Páez estudiaba sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y el 21 de Octubre de 1990 desapareció mientras realizaba uno de sus tantos trabajos de campo. Ese domingo había mucha gente en las calles y todos ellos señalaron a tres miembros de la policía que traían boina roja en la cabeza. En esta entrevista, Cromwell Castillo narra su intensa lucha contra la impunidad de no esclarecer el crimen cometido contra su hijo.

—¿Cómo se  enteraron de la desaparición de Ernesto?

—Ese dia era cumpleaños de su hermana Mónica y Ernesto tenía que regresar a las 5 de la tarde. Como a las 7, no venía, así que empezamos a preguntar a los familiares con quienes solía estar (primas y amigos) y después de varias consultas con respuestas negativas, empezamos a sentir un poco de incomodidad o miedo por las condiciones que vivíamos durante esa época, en la lucha contra el terrorismo. Aproximadamente a las 8 de la noche entró una llamada que la contestó mi, en ese entonces, esposa diciendo que a Ernesto lo habían detenido en Villa El Salvador.

Cromwell recuerda que junto a Carmen Páez, la mamá de Ernesto, empezaron a coordinar con algunos conocidos que tenían en la DIRCOTE. En los tiempos de violencia armada, las capturas eran destinadas directamente ahí. Como los sorprendió el toque de queda, por lo avanzado de la noche, les recomendaron ir al día siguiente. Al día siguiente, con el mayor desdén, los efectivos les dijeron que era muy pronto para dar a Ernesto por desaparecido. Ante las esquivas, los entonces esposos gestionaron una cita con el Director. Este empezó a comunicarse con comisarías en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y otras que ya no recuerda. De todas ellas, recibió respuestas negativas: el nombre no aparecía en su registro de detenidos.

—¿Qué actitud tomaron ante tal incertidumbre?

—A partir de ese momento nosotros hicimos todos los esfuerzos necesarios para encontrarlo. Al día siguiente ya eran 48 horas y nos comunicamos con hospitales para saber si había llegado alguna persona herida. A todo eso hubo una respuesta negativa. En vista que pasaba el tiempo, presentamos un habeas corpus que fue atendido por la doctora Greta Minaya, quien tomó cartas en el asunto e intervino en las comisarías y fue a la DIRCOTE, pero no encontró nada. Mientras tanto, nosotros, por nuestra cuenta, hicimos un recorrido por Villa El Salvador, por las calles donde Ernesto había pasado. Ese día hubieron manifestaciones de Sendero Luminoso por la avenida principal del distrito, Velasco Alvarado. Empezamos a llevar la foto de Ernesto que había tomado recientemente, a colores, y la empezamos a mostrar a los vecinos quienes dijeron que sí habían visto a muchos jóvenes, que lo han detenido acá, que lo han herido acá, en diversos sitios. Incluso algunos nos dijeron que el policía le había puesto el pie en la cabeza, etc, etc. 

Muchas respuestas y poco resultados. Hasta que un niño dio en el clavo: “allá en ese parque, abajo, han detenido a un muchacho”. Los padres volvieron al día siguiente y los vecinos de esa zona lo reafirmaron: “aquí lo detuvieron, delante de nosotros, hemos visto al policía que lo ha detenido, lo hemos mirado bien”. Tras ello, aunque con cierto temor, los testigos ratificaron lo dicho cuando estuvieron frente al juez. El revuelo de la desaparición fue tal que, incluso, intervino el periodista César Hildebrandt e hizo un informe acerca de la captura de Ernesto que fue transmitido en su programa ‘A las 11 con Hildebrandt’, lo que sirvió para ejercer presión y que los jueces acepten, por fin, la denuncia. 

—Después de eso hay una serie de hechos que la Corte Suprema demoró, hay un tiempo muerto. Vino el golpe de estado del 5 de abril de 1992. Una vez que se hizo visible la decisión del Octavo Tribunal Correccional, se formó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Esta llamó a todos los miembros…

Mantuvo un breve silencio, como intentando recordar el nombre que seguía, la instancia o el número de resolución. Se disculpó por la pausa. Explicó que ha pasado tanto tiempo que a veces confunde los hechos, pero todo lo que hasta ahora menciona calza con lo atestiguado ante los tribunales. Suspiró y siguió.

—Es un asunto judicial que yo no conozco bien porque en esa época, los habeas corpus que se llevaban a segunda instancia eran inapelables.

—¿Cómo así deciden llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

—Cuando finalmente exigimos que se lleve a cabo el proceso, sin más prórroga, pasaron varios jueces que examinaron la situación, hasta que finalmente llega a manos del fiscal provincial Luis Vargas Valdivia, quien dijo que no había pruebas suficientes de la detención de Ernesto y el caso quedaba archivado. Frente a eso, acudimos a la CIDH, hicimos la denuncia y junto a las organizaciones de derechos humanos en Washington, en conexión con el IDL (Instituto de Defensa Legal), presentamos la denuncia contra el Estado peruano como culpable y responsable de la desaparición de Ernesto. Eso ha sido en el año 1993.

—Y en 1997, fallan

—Con las declaraciones de los testigos, yo como padre y la Dr. Greta Minaya, la Corte declara responsable al Estado de la violación a los derechos fundamentales de Ernesto y pide que se abra la investigación en Perú. Recién en 2001 las instituciones de justicia en Perú acceden al pedido de la Corte y se abre el juicio. Eso significó nuevamente una serie de procesos, jueces y audiencias, cambio de jueces. Y antes de que llegue al juez, la Fiscalía tenía que presentar la denuncia.

—¿Y cómo es que la sentencia se formula hacia el coronel Mejía León?

—Hasta ese momento, la denuncia fue hacia el Estado peruano y era la Fiscalía la que tenía que investigar quienes eran los responsables, para denunciarlos. Entre los actos que realizamos para buscar a Ernesto, presentamos dos cartas públicas a Fujimori, quien pidió informe a la PNP. Y se lo presentaron. Nosotros teníamos que tener acceso a ese informe pero cuando solicitamos una copia, nos lo negaron. Ese informe lo necesitábamos de todas maneras. Prevenidos con una grabadora, le dije al secretario [de la sala de lectura del juzgado en donde se atendía el caso] que mi esposa quería enterarse y como era un poco sorda, yo tenía que leérselo en voz alta. Ese documento sirvió para que el abogado lo presente en la fiscalía y se acusara a todos los policías que habían participado de la detención de Ernesto.

—Y en ese informe estaba el nombre de Mejia Leon

—En ese informe estaba su nombre.

—Y es hasta el 2006 que ya lo sentencian a 16 años de prisión

—Un proceso que fue, como muy pocos, bastante intenso y rápido, respecto a otros que demoran 5, 10 o 20 años.

—¿Cómo se entera de que al coronel le otorgan la libertad condicional?

—Después de que lo sentenciaron, solo a 16 años que es, para un delito, como ustedes comprenderán, tan grave… 

Se nota lo inverosímil que le sigue resultando a Cromwell que, al coronel que mandó desaparecer a su hijo, le hayan dado la pena mínima para un delito de tal naturaleza. Su tono de voz es el de quien se sorprende por algo no grato. El nombre completo del coronel de la Policía Nacional es Juan Carlos Mejía León y, junto a él, fueron sentenciados por el delito contra la humanidad los policías Juan Fernando Aragón Guibovich, Manuel Santiago Arotuma Valdivia y Carlos Manuel Depaz Briones. Estos últimos fueron sentenciados a 15 años.

—Cuando lo condenan a 16 años, se va a la cárcel y su condena debería cumplirla hasta el año 2022, pero a partir del 2012 empieza a solicitar el beneficio de semilibertad. No sabíamos que los jueces ya habían accedido al pedido del beneficio. Cuando me acerco a la Sala Penal a ver el expediente me di cuenta que dos de los tres policías implicados ya habían sido liberados y el tercero estaba en proceso, solo faltaba que salga la sentencia. También estaba en proceso la solicitud de Mejía León. Nuestro abogado le recordó al Poder Judicial que este era un caso que había sido visto por la CIDH y en la sentencia decía que el Estado peruano tiene la obligación de investigar con todos los medios que tengan a su alcance, dónde estaban los restos de Ernesto para entregarlo a sus familiares y esa obligación no fenece. Esto ayudó a que le negaran a Mejía León el beneficio de semilibertad. 

El coronel culpable vuelve a insistir pero los jueces le siguieron negando la libertad condicional porque, como dicta el Código Penal, a este beneficio no puede acceder aquel que comete un delito de lesa humanidad. 

Hasta que, en 2015, el pedido llega a manos del juez Ángel Ernesto Mendívil Mamani y cede ante la petición por encontrar al ex coronel con una pancreatopatía y meteorismo intestinal que requieren de atención médica continua. El juez alegó también la buena conducta en el penal Castro Castro del acusado y la cancelación de la reparación por 30 mil soles. Lo que deja aún más perpleja a la familia es que el fallo internacional ordena, como prioridad, encontrar el cuerpo de Ernesto, pero en ningún momento en que se negoció la libertad de Mejía, este mostró colaboración alguna. Ante eso el juez dispuso que el excoronel debe contribuir con su ubicación y acudir al Poder Judicial cuando sea citado para tal cometido. Así es que se le otorga la libertad junto a otras tres condiciones: no cambiar de domicilio, no actuar contra la ley e ir a firmar mensualmente. 

—Si cumplen o no, no sabemos. Si realmente los jueces se preocupan por el cumplimiento, tampoco sabemos.

—¿Cómo cree usted que salieron libres sin haber cumplido el requisito principal: decir dónde están los restos?

—Cuando nos enteramos, pedimos el expediente y revisamos los documentos. Para sorpresa nuestra, el informe psicológico de la cárcel que adjuntan en el documento que presentan los policías para solicitar el beneficio, decía que ellos admitían la comisión del delito, que estaban arrepentidos. El delito se sigue cometiendo porque él está desaparecido y ellos mejor que nadie saben de este concepto y deben tenerlo siempre presente, pero no les preguntaron nada y tomaron más en cuenta otros aspectos. En una de las audiencias, el Dr. Carlos Rivera cuestionó que no hayan preguntado por el paradero si ya habían aceptado el delito. La psicóloga que los trató, muy suelta de huesos, respondió que ese no era su papel. En ese momento la justicia no favoreció a los policías, hasta que asumió Mendívil y él sí los favoreció porque tomó más en cuenta otros aspectos.

—¿En algún momento usted tuvo la esperanza de que dijeran dónde está el cuerpo para que así salieran libres?

—Yo estaba convencido de que ellos declararían ante los jueces que los habían favorecido tanto pero estos no ponían mucha presión para obligarlos a decir, como usualmente se hace, con preguntas y repreguntas. Ellos tenían casi la certeza de que iban a salir libres y así fue.

—A partir de este momento usted y los otros colectivos de familiares de víctimas del conflicto armado, ¿tomaron alguna posición o hicieron alguna actividad luego que se den cuenta que lo habían liberado sin que se haya cumplido el requisito principal?

—Como es fácil de comprobar, aquí en nuestro país, los organismos de familiares están muy fragmentados. No hay una institución que los reúna a todos, como pasa en Argentina. Aquí no. Nosotros como familiares hemos formado parte de una organización espontánea de jóvenes que es la Coordinadora contra la impunidad (CCI). Ellos sí han realizado algunas acciones de protesta para tratar de visibilizar estas decisiones del Poder Judicial que atentan contra el derecho de justicia que tenemos los familiares y que se van prolongando en el tiempo. Como ves, ya tengo 82 años y no puedo tener la oportunidad de ver aunque sea los restos de mi hijo.

—Usted, personalmente, ¿por qué cree que el coronel y sus otros subalternos nunca dijeron dónde está el cuerpo?

—Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho nosotros. No tenemos pruebas para afirmarlo pero por rumores se sabe que ellos formaban parte de un aparato paramilitar de la policía que se formó durante el gobierno de Alan García y seguramente eran presionados a no decirlo porque tenían de un lado el apoyo de la institución y de otro lado, el apoyo de jueces y fiscales puesto por el partido de García que es evidente a través de las sentencias que han dictado para favorecerlos. Esa es la razón.

El último intento

Los padres de Ernesto tuvieron la oportunidad de que se les acercasen miembros de la policía porque querían ayudar en el caso. Ellos prometieron decir el paradero de los restos del universitario si el Estado les daba garantías para sacarlos al exterior, a ellos y a sus familias.

—Este fue otro de los muchos esfuerzos que hicimos para saber dónde está Ernesto, encontrar sus restos y tal vez los de muchos otros más.

Cromwell relata que el objetivo fracasó durante el gobierno de Alejandro Toledo. Una vez presentado ante el Ministerio del Interior y la comisión investigadora del Congreso, no lo quisieron recibir.

—Finalmente, hicimos un último intento, que es la investigación que está haciendo la Cuarta Fiscalía Penal Superprovincial. Esta tarea la dio el gobierno de Ollanta Humala después de que vino un grupo de Derechos Humanos de la ONU a hacer una investigación acerca de cómo el estado peruano está cumpliendo o no, o en qué medida, las sentencias de la CIDH. Entre esos casos, encontró el de Ernesto y presentó un informe al gobierno. En el informe insistían en que el gobierno tome las acciones necesarias, no puede pasar tanto tiempo sin que no se den algunas luces sobre el lugar donde se encuentra mi hijo. Han sido miembros del Estado los que han cometido este delito. Dos años han pasado ya desde la Cuarta Fiscalía y hasta ahora dicen que no, no hay ningún resultado.”

El viernes 12 de Julio se realizó una audiencia en la Sala Penal para solicitar la revisión de los requisitos de la libertad de Mejía León, pedido que realizaron Cromwell y su defensa, a cargo del Dr. Carlos Rivera, para anular el beneficio de semilibertad del excoronel. Finalizada la audiencia, solo queda que Cromwell acuda al juzgado cada cierto tiempo a revisar si la resolución ya está lista y, con ello, se pueda determinar si en el Perú todavía existe justicia para quienes ya no están pero que todavía son esperados.

—La semana pasada el expediente todavía estaba en sala. En estos días volveré a ir a ver si ya resolvieron.