Deudo de las víctimas de la deflagración de Villa El Salvador denuncia promesas incumplidas y demanda apoyo del Estado

En la mañana del 23 de enero del 2020, un camión cisterna de la empresa privada TransGas, impactó con un desnivel en el cruce de las avenidas Villa del Mar Mariano Pastor Revilla. La colisión provocó la rotura de una válvula y la fuga de gas (GLP) que inmediatamente se propagó por las calles. Segundos después una chispa desató la deflagración que envolvió en llamas decenas de casas. El accidente causó la muerte de 34 personas y dejó más de 30 heridos. Por lo menos 30 viviendas quedaron con daños severos. Luego de la tragedia, el entonces presidente Martín Vizcarra prometió que el gobierno ayudaría a los sobrevivientes y a los deudos. Los asesores de imagen y funcionarios de la empresa Transgas también aparecieron en los medios para prometer compensaciones. Quisimos saber si estas promesas se cumplieron. 

Pedro Pablo Pomatay Ibarra le tuvo que ocultar a su hermana Olga, mientras ella se recuperaba de sus quemaduras en el hospital, que sus dos niños fallecieron después de la deflagración desatada por la fuga del tanque de gas. Pedro y su familia figuran entre los damnificados. A más de dos años de lo ocurrido, recuerda aún conmovido que ese día salió de madrugada a trabajar. Cuando horas más tarde lo llamaron para informarle del accidente pensó que se trataba de un percance sin mayores consecuencias. Sus dos sobrinos Jhordan Sánchez Pomatay y Jordy Sánchez Pomatay, con quienes vivía, se encontraban esa mañana en el lugar de los hechos y quedaron gravemente heridos. “Mi sobrino mayor, tenía el 90% del cuerpo quemado, resistió 8 días y el menor duró 13 días. Ambos fallecieron…A uno lo atendieron en el Hospital Unanue y al otro, en el Dos de Mayo. No les cubrieron nada más”, asegura apenado. 

Pedro relata que Martin Vizcarra acudió al lugar donde vivían los afectados, habló personalmente con él y le prometió la reconstrucción de su vivienda. Sin embargo, esa ayuda no llegó. “Voy a traer al mejor ingeniero para que investigue’, nos dijo Vizcarra…cosa que nunca cumplió, luego vino la Municipalidad de Villa El Salvador y me dijeron lo lijas y lo pintas y ahí quedó”. Él asegura que fue su hermana la que reconstruyó la casa, luego de cobrar el seguro del SOAT de su vehículo que quedó inutilizado. Ni el gobierno ni la empresa Transgas se hicieron cargo de las reparaciones de su vivienda.

Además de Pedro, otros damnificados tampoco recibieron la ayuda esperada: la frustración también se extiende a vecinos que él conoce de años. “Hay gente que ha recibido beneficios y compensaciones sin merecerlo, dado que no fueron afectados por el accidente, mientras que otros, que lo perdimos todo, no hemos recibido nada. La poco ayuda que llegó para algunos consistió en terapia, medicamentos y víveres. Sin embargo, se olvidó a la mayoría que fue literalmente devastada por la tragedia. “A mi vecino de enfrente, no le han tocado su casa y allí fallecieron tres de las cuatro personas que vivían con él. Su vivienda sigue en escombros… el techo se cayó… Allí no llegó el gobierno ni la Municipalidad de Lima”, afirma Pedro. Como se recuerda, Jorge Muñoz, entonces alcalde de Lima, aseguró que no tenía ninguna responsabilidad en el mantenimiento de la avenida Mariano Pastor Sevilla, en donde ocurrieron los hechos. Se lavó las manos. 

“La empresa de gas no cubrió nada… Acá muchas veces vinieron y prometieron ayuda, pero nunca cumplieron”, asegura Pedro. Hubo más de 55 denuncias que hicieron los afectados de la deflagración. Los juicios están estancados. Los afectados no solo tuvieron que afrontar las secuelas que les dejó la tragedia, también el impacto inmediato de la pandemia que no les permitió trabajar para sobrevivir. Aunque la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social incorporar a los afectados como población vulnerable para recibir un bono y así enfrentar la cuarentena, este pedido nunca tuvo una respuesta del Estado.

Las fachadas dañadas de las viviendas al cabo de dos años y siete meses son una muestra de una herida que no cierra, de un dolor ignorado por quienes tenían la obligación de socorrerlos, la municipalidad del distrito, el gobierno central y la empresa responsable de la tragedia. Algunos vecinos organizan polladas de vez en cuando para poder solventar las curaciones de sus familiares que necesitan constantes terapias. Otros, aún esperan que la justicia les llegue y se haga cargo de los responsables. El abandono del Estado es una constante, pero la solidaridad puede ser vital en estos tiempos difíciles.