Elena Alvites y José Luis Zamora, abogados expertos en Derecho constitucional, sustentan su postura crítica a la decisión de reconformar la Comisión especial del Parlamento encargada de la selección de seis magistrados del TC, proceso que concluirá en julio.
Por: José Cayetano
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La elección de seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se realizará en julio luego de que el Pleno del Congreso aprobara reconformar la Comisión especial a cargo de este proceso. Esta decisión ha motivado distintos cuestionamientos debido al corto plazo en el que se llevará a cabo las etapas de selección de candidatos y elección de miembros del TC, también denuncias por exclusiones injustificadas de postulantes al concurso público y sospechas de intereses políticos detrás de la elección de los magistrados.
José Luis Zamora, exmiembro de la Comisión Consultiva de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Lima, sostiene que el Congreso elegido el 11 de abril debe ser el encargado de designar a los miembros del TC. “Legalmente, este Congreso debería elegir a los seis nuevos magistrados del TC, porque es una tarea que asumió cuando entró en funciones. El problema está en que el Parlamento ha tomado una serie de decisiones populistas y antitécnicas desde el inicio de su trabajo. Se ha deslegitimado por sí solo y ha perdido respaldo popular. Por ello, el Congreso que entrará en funciones en julio por un período de 5 años debe ser el que lleve a cabo esta elección”, manifiesta.
Elena Alvites, directora de la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, concuerda con esta posición. Ella considera que el Parlamento actual ha desprestigiado y deslegitimado su vínculo con la Constitución. “El proceso de selección de magistrados del TC se detuvo en noviembre debido a que los congresistas realizaron irresponsablemente un proceso de vacancia, el ‘arma más potente’ contra el líder del Poder Ejecutivo. Esto denota que el Parlamento considera que puede sobrepasar los límites constitucionales. Por lo tanto, no reúne las condiciones idóneas para elegir al TC. Si lo hace, sería una demostración por parte de los congresistas de que no se sienten vinculados ni al espíritu de la Constitución ni al sentir de la población”, advierte.
El martes 20 de abril, el pleno del Congreso aprobó la recomposición de la Comisión especial encargada de la selección de seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, aún se discute la idoneidad del Parlamento actual para elegir a los nuevos magistrados del TC. Este comité parlamentario paralizó sus funciones en noviembre de 2020 debido a la renuncia de cuatro bancadas luego de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra: Frente Amplio, Somos Perú, Partido Morado y Alianza para el Progreso. A pesar de ello, la Comisión especial, presidida por el congresista Rolando Ruiz, de Acción Popular, no detuvo el concurso público de reclutamiento de postulantes que aspiran a ser magistrados del TC.
Tres leyes aprobadas por el Congreso fueron, posteriormente, declaradas inconstitucionales por el TC: la Ley N° 31039, que permitía ascensos automáticos del personal del sector Salud; la Ley N° 31083, que autorizaba la devolución total de aportes a los afiliados a la ONP; y la Ley N°31018, que pretendía suspender el cobro de peajes durante el Estado de Emergencia Sanitaria.
Por otro lado, las etapas del proceso de selección de postulantes que aspiran a ser elegidos como miembros del TC, fases que ya se realizaron en 2020, han recibido graves cuestionamientos. Por ejemplo, en noviembre, tras la publicación de la lista de postulantes que cumplían los requisitos formales de inscripción, algunos candidatos informaron que fueron retirados sin que sus expedientes hayan sido tramitados o evaluados correctamente. Otros manifestaron que los documentos digitales originales que presentaron fueron considerados ilegítimos por no haber sido entregados en físico. Tampoco se les permitió sustentar que su exclusión era injusta.
Alvites afirma que este proceder es un síntoma de arbitrariedad. “El reglamento de la Comisión especial no permitía a los candidatos excluidos solicitar una reconsideración, luego de que fuese publicada la lista de postulantes que cumplían los requisitos formales. Los parlamentarios que integran la Comisión sabían que estaban cometiendo una arbitrariedad y pudieron enmendar dando un plazo de 48 horas a los postulantes para subsanar presuntos errores, pero no tuvieron la voluntad de hacerlo”, explica.
En consecuencia, Elena Alvites y José Luis Zamora aseveran que la aprobación de normas inconstitucionales y la manera irregular en la que procedió la Comisión especial en la etapa de verificación de requisitos de los postulantes son dos factores suficientes para sostener que el Congreso actual no debe elegir a los nuevos magistrados del TC. De lo contrario, existirá la sospecha de una “repartija” en la elección y que el Parlamento pretende dejar una cuota de poder en el próximo gobierno.
Según la congresista Rocío Silva Santisteban, la decisión de llevar a cabo la elección de nuevos miembros del TC responde a la intención de algunas bancadas de copar este organismo en función de los intereses de sus partidos políticos, sobre todo aquellos que no tendrán representación parlamentaria en el próximo Congreso. “Descentralización democrática, Nueva Constitución y Unión por el Perú desean poner a candidatos que sean favorables a sus objetivos políticos. Lo mismo ocurre con Podemos Perú, cuyo líder, José Luna Gálvez, tiene diversas denuncias y procesos penales pendientes que llegarán al Tribunal Constitucional”, expresa.
Adicionalmente, Alvites y Zamora cuestionan la pertinencia de que un proceso tan importante para el sistema democrático se lleve a cabo en un período tan breve y de forma tan precipitada. “Si el Congreso no hizo esta elección en su primer año en funciones, que no pretenda realizarla en solo dos meses, porque el resultado del ejercicio de esa competencia es de gran relevancia para seguir construyendo un Estado constitucional”, remarca Alvites.
Luis Roel Alva, congresista y segundo vicepresidente del Parlamento, manifestó al diario El Comercio que el Congreso actual debe nombrar a seis nuevos magistrados del TC porque es un deber constitucional que asumió desde el primer día que empezó a laborar. Roel también afirmó que, debido al poco tiempo que les queda en funciones a los congresistas, la elección de los nuevos miembros del TC no responderá a intereses políticos. Además, negó que la decisión de ejecutar este proceso signifique una revancha contra el Tribunal Constitucional por las tres ocasiones en las que este organismo declaró inconstitucionales leyes aprobadas por el Parlamento.
Sin embargo, Elena Alvites recalca que sería un error de este Congreso impulsar la elección de magistrados del TC. “No basta con que los parlamentarios justifiquen el proceso de selección y elección de los miembros del TC bajo el argumento formalista de que tienen competencia legislativa para hacerlo. Ellos también tienen facultad para realizar una vacancia y la utilizaron irresponsablemente en noviembre del año pasado”, refiere.
Por otra parte, Zamora y Alvites señalan que los magistrados del TC deben ser escogidos en un escenario que asegure la transparencia del proceso de selección y elección a través de debates democráticos y discusión de ideas. Sin embargo, actualmente, los medios de comunicación y la sociedad civil prestan mayor atención a otros temas de interés nacional, como la segunda vuelta electoral, la pandemia del Covid-19 y la campaña de vacunación contra este virus. Por lo tanto, la ciudadanía se encuentra poco dispuesta a ejercer vigilancia sobre el Congreso. Ambos abogados coinciden en que este factor no asegura una óptima elección de nuevos miembros del TC.
Inicialmente, la bancada del Partido Morado votó a favor de reconformar la Comisión especial del Congreso a cargo de la elección de magistrados del TC. Esta agrupación política propuso retrotraer el proceso de selección de candidatos a la etapa inicial de convocatoria de postulantes para corregir las irregularidades de las fases ya concluidas en el 2020. Sin embargo, su propuesta no fue aprobada por el Pleno del Congreso. Por consiguiente, el 21 de abril el Partido Morado decidió retirar a su representante en la Comisión especial, Carolina Lizárraga.
Acerca de la pertinencia de retrotraer el proceso de selección a la etapa de convocatoria para asegurar una elección legítima, José Luis Zamora dice estar a favor. Agrega que las etapas de convocatoria, evaluación de candidatos y publicación de la relación de postulantes que cumplen los requisitos formales deberían desarrollarse en un plazo no menor a 30 días hábiles. El año pasado, el Congreso realizó estas fases en 20 días.
Por último, Elena Alvites considera necesario separar, a través de una reforma constitucional, el proceso de selección de los postulantes que aspiran a ser magistrados de la etapa final de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. “Creo que podría garantizarse un proceso legítimo y democrático si es que únicamente la fase de votación que define a los magistrados del TC está a cargo del Congreso. El reclutamiento de postulantes podría recaer en manos de un órgano técnico como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o el conglomerado de autoridades que elige a este organismo autónomo”, sostiene.
José Luis Zamora cree que esta propuesta es relevante. No obstante, recuerda que la conformación de la JNJ también está a cargo del Congreso, por lo que la opción que plantea Alvites no aseguraría que las etapas de evaluación y selección de abogados que postulen al concurso público para la elección de magistrados del TC estén libres de intereses políticos.
