La activista feminista y fundadora del colectivo “Familias Unidas por Justicia” relata la historia detrás del origen de un grupo que tiene como principal objetivo acabar con la impunidad en los casos de violencia de género, además de señalar la importancia de tratar de forma adecuada estos delitos en los medios de comunicación.
Por: Leticia Alvarez
Portada: Archivo personal
Antes que Nelva Evangelista, la hermana de Sandy, fuera asesinada a manos de su pareja, ella desconocía la lucha feminista. En 2016 se logró capturar al asesino, quien había permanecido prófugo de la justicia durante diez años, pero ella no se imaginaba que lo más difícil aún estaba por venir: la precariedad y la indolencia del sistema judicial peruano. Fue en ese complejo momento en el que se enteró de la existencia del movimiento “Ni una Menos”. Sandy contó el asesinato de su hermana Nelva e inmediatamente la aceptaron en el colectivo.
En la organización, conoció a muchas familias que también habían perdido parientes a causa del feminicidio y, a pesar de que cada caso era distinto, compartían un objetivo en común: la búsqueda de justicia. Este vínculo con “Ni Una Menos” motivó a Sandy a conocer a profundidad todo lo que esta lucha conlleva y se propuso brindar orientación a los familiares de las víctimas para acceder a un fallo justo en los tribunales, un apoyo que ella y sus padres no recibieron cuando perdieron a Nelva. Su idea de ayudar a los deudos se plasmó con la fundación de la colectiva “Familias Unidas por Justicia”. “A nosotros nadie nos ayudó, pero lo que queremos para las familias y para todas las mujeres que quieran denunciar y se animen a salir de ese círculo violento, es que nunca más estén solas, que su lucha esté acompañada y sobre todo, que tengan justicia”, señala.
Tú eres la presidenta de la colectiva “Familias Unidas por Justicia”, ¿Cómo surge esta iniciativa?
Nació en 2019, a raíz de que tres años antes me llamaron para formar parte de la colectiva “Ni Una Menos-Perú”. Allí pude conocer a todas las familias, y participar en las marchas. Cuando la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, participó de una manifestación el 12 de agosto de ese año, sentimos que estaba comprometida con nosotras. Nos invitó a que asistiéramos al Ministerio de la Mujer, nos dijo que nos iba a recibir ahí, pero cuando fuimos, nadie sabía de aquella reunión. Luego nos enteramos de que la ministra estaba de viaje.
En ese momento decidimos formar un grupo para poder ir juntas y que nos escuchen, pero la indiferencia de las autoridades fue tan grande que optamos por formar una colectiva. Escogimos un nombre que nos pueda identificar, y decidimos llamarnos “Familias Unidas por Justicia”. Aquí estamos familiares; no somos solamente madres, hermanas, sino también mujeres, hombres, parientes directos, hijos e hijas de la víctimas que se han unido y el tema principal es acceder a justicia.
Desde el 2019 hasta este año, ¿han recibido algún apoyo del gobierno o de una institución externa para que la colectiva pueda seguir activa? ¿O la financian con recursos propios?
Desde el 2019 hasta la fecha, la colectiva se ha sostenido económicamente con el aporte de los familiares. No hemos recibido nada de nadie, no nos apoyan más que en campañas, como la de Navidad, en la que los vecinos ayudan con la difusión. Hay compañeras y grupos que nos apoyan para mantener a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio, pero no para el sostenimiento de la colectiva.
En estos tres años de activismo, ¿cuáles han sido los principales logros?
Uno de los más importantes fue que, al buscar el acceso a justicia, nos dimos cuenta que esta lucha no acaba cuando se logra una sentencia condenatoria después de la muerte de la víctima, puesto que también se debe ver cómo quedan los hijos e hijas de las afectadas por feminicidio. Entonces, si buscamos ejemplos como el de España, hay asistencias económicas a los huérfanos para ayudarlos y que, de un modo u otro, puedan tener un sustento en su día a día. Para que esta ayuda pueda darse se presentó un proyecto de ley al Ministerio de la Mujer en el que se pedía que haya una pensión de orfandad para los hijos de fallecidas por violencia de género.
El 6 de enero de 2020, con el respaldo de muchas colectivas y compañeras activistas, se envió una carta al presidente de ese entonces, Martín Vizcarra, en el que se presentaban diferentes demandas en contra de la violencia de género, una de las cuales era la propuesta de una pensión por orfandad y el acceso a justicia. Dos días después, Vizcarra, mediante decreto de urgencia, declaró que se iba a dar una asistencia económica, la cual ha sido renovada en enero de este año gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Y nosotros, como los primeros familiares que recibieron esta ayuda, hemos pedido que no sea solo una resolución, sino que sea un proyecto de ley, porque lo que aprobó Vizcarra tiene un carácter temporal. Esto quiere decir que, en cualquier momento, cuando acabe la emergencia sanitaria, la resolución puede ser anulada.
¿Cómo ha sido el proceso en las asesorías jurídicas de los casos? ¿Tienen algún apoyo aparte del que brinda el Ministerio de la Mujer?
Dado que el Centro de Emergencia Mujer (CEM) tenía mucha carga laboral y sus trabajadores mostraban poca empatía, se formó un equipo de litigio en diciembre de 2020. Lo integraban cuatro abogados que supervisan cada caso dentro del CEM. Con ellos tenemos reuniones mensuales y nos dan información sobre los procesos. Si es que vemos que hay algo que no está avanzando o hay una audiencia importante y a veces los abogados del CEM no pueden estar o no se comunican con los parientes de las víctimas, se habla con el equipo de litigio y ellos se encargan de resolver las dudas, y acompañar a las familias.
Machismo y misoginia en los colegios y redes sociales
Se ha aprobado un proyecto de ley que atenta contra la Educación Sexual Integral mediante la supresión del enfoque de género en los colegios del Perú, ¿cuál es tu opinión al respecto y cómo se puede hacer frente a esta problemática?
Me parece pésimo que las personas puedan creer que esta ley va a ayudar porque piensan que está bien, pero no se dan cuenta que están atentando contra los derechos de los niños, niñas y niñes, y que ocasionan que se siga reproduciendo la violencia en los lugares más pobres del país. Si se supiera más del enfoque de género, sería más apoyado o habría más experiencia por parte de los profesores que están enseñando, por lo que los infantes podrían reconocer a tiempo cuándo son abusados y, por ende, no tendrían miedo a callar o quizás podrían pedir apoyo. Sin embargo, esta ley lo único que hace es seguir silenciando a las voces más pequeñas, a esos niños y niñas que no pueden escapar de la agresión por parte de sus familiares.
Otro conflicto en estos últimos años, es que se ha visto a las redes sociales como una ventana para burlarse de situaciones tan complejas y difíciles que afectan a las mujeres ¿Cómo crees que esto influye en el reforzamiento de estereotipos sexistas en la ciudadanía?
Estamos en una época en la que las redes sociales son abundantes, donde casi la mayoría tiene un lugar en el cual puede ver esos videos. Lo único que generan espacios de esta índole es naturalizar la violencia, al burlarse de sectores vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, etc. Estas acciones influyen en el hecho de revictimizar a las afectadas día tras día, pero lo que más permite que se sigan cometiendo estas conductas es la falta de justicia. Mientras no haya alguien que las frene, las personas seguirán cometiendo esos actos, creen que es normal y saben que no van a tener ningún tipo de sanción al continuar este patrón de comportamiento.
Una lucha que no acaba
¿Cómo ves el futuro de la colectiva respecto al accionar del gobierno de Pedro Castillo?
Han pasado casi tres años desde la creación de esta colectiva y lo único que hemos logrado es juntarnos y tener un poco más de acceso a través del Ministerio de la Mujer. Es triste porque reiniciamos todo el proceso de nuevo por el cambio de gobierno y la situación política, lo cual hace que otra vez empecemos desde cero. Estoy segura de que si el sistema político no estuviera como está, quizás hubiésemos avanzado mucho más, dando un mensaje de lucha. Si bien hemos tenido incidencia en el Poder Ejecutivo y en el Judicial al lograr trascendencia social, aún nos falta mucho porque en el sistema de justicia existe la mayor impunidad por parte de los operadores de justicia. Mientras en el Perú no haya eso, pues no podemos decir que estamos avanzando.
¿Percibes esta misma situación en otros espacios feministas?
Sé que hay muchas colectivas, organizaciones, activistas independientes que siguen persistiendo, pero si no logramos que la sociedad en sí cambie su mentalidad, no vamos a conseguir nada. El tema de la prevención es una etapa a largo plazo y sinceramente, no estamos obteniendo nada más que normalizar un caso de violencia de género. Recuerdo que, en 2019, cuando ocurría un feminicidio, pedías apoyo a los medios y te ayudaban, pero ahora no. La nota tiene que ser exclusiva u acontecer cualquier desgracia fuerte que les pueda llamar la atención, porque sino, no impacta.
Entonces, ¿se podría decir que los medios de comunicación instrumentalizan sus luchas? Es decir, sólo los ven como fuentes de noticia cuando se registra un caso de violencia de género y pueda ser considerado como una primicia.
Exactamente, muchas veces cuando ocurre algo que causa impacto recién actúan, pero cuando hay un juicio o una situación importante, en la que se necesita la cobertura mediática para vigilar la actuación de estos operadores judiciales, no hay apoyo.
Has señalado el desinterés de los medios por comunicar sus demandas ¿Cómo difunden su contenido? ¿Cómo se les puede ayudar a divulgar sus actividades?
Normalmente, nos movemos más en redes sociales, en las cuales etiquetamos a las autoridades para hacer presión mediática, pues eso ayuda en el pronunciamiento de alguna institución y sirve de apoyo para las familias. Uno de los tipos de difusión son los famosos “twittazos”, estos nos han permitido tener una herramienta para combatir la impunidad, muy aparte de que realizamos plantones.
Las audiencias, en su mayoría, son virtuales y sería en vano desgastar a las familias, pero sí nos movilizamos en fechas importantes, como las marchas y la fecha central de nuestro grupo, que es el 1 de noviembre. El único modo en el que pueden apoyar y solidarizarse con las familias es a través de los mensajes o comentarios en transmisiones de las audiencias, pues sabemos que las autoridades los leen siempre.
Mencionas que las audiencias siguen siendo virtuales a pesar de que muchas actividades están retornando a la presencialidad, ¿Notas alguna diferencia en una audiencia virtual de una en un mismo juzgado? ¿O es el mismo procedimiento?
En el tema de la virtualidad ha sido peor, porque es usado a favor de la parte imputada. Muchas veces hemos visto casos en los que se quejan de la señal, se desconectan, no pueden volver a ingresar, no escuchan, etc. En el caso de los testigos es peor todavía, porque cuando los hay, cuando tienen que hablar, debe ser en un lugar donde no hay sonido a su alrededor y si el juez nota que está mirando a otro lado, suspende la audiencia, pues no hay claridad en lo que comenta y puede ser manipulado. Por eso, preferimos mil veces la presencialidad para que no haya suspensión de audiencias.
